DEFENSA MIENTE SOBRE LOS ARCHIVOS MILITARES

Defensa miente sobre los archivos militares.

Estos últimos días se ha vuelto a hablar del secreto que pesa sobre 10.000 archivos militares anteriores a 1968 que se podrían desclasificar perfectamente, gracias a dos artículos excelentes publicados en "El Mundo" el pasado domingo 5 de mayo y en "El País" de la edición del 8 de mayo. A quien le interese vuelvo a citar la noticia que se dio en la revista Tiempo en febrero de 2012 y que ha permitido que un centenar de historiadores y amantes de la historia hayan iniciado una particular cruzada contra el Ministerio de Defensa para que estos documentos los ponga a disposición del público.

Mi sorpresa es que el departamento de Pedro Morenés niega que existiese un informe sobre tal desclasificación que estuvo a punto de suceder en octubre de 2011, con el Gobierno socialista ya en funciones. “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al período indicado”, le indican desde Defensa a El País. Pues bien, es completamente falso. Yo publiqué únicamente los pdf del anexo en el que se enumeraban el contenido y el archivo custodio (EMD, Tierra, Aire o Armada) porque creía que era suficiente, pero ahora me veo en la obligación de aportar el resto de la información que dispongo.

Como se puede ver al final de la segunda hoja, Chacón tenía listo el documento para llevarlo a alguno de los Consejos de Ministros de los viernes de ese mes. Este documento fue entregado en el traspaso de poderes de un gobierno a otro a finales de 2011, según me insistieron fuentes del equipo de la exministra al ver como Morenés reculó en este asunto. A continuación, aporto la nota informativa que redactó la Secretaría de Estado de Defensa al inicio del proceso de selección de archivos -el 29 de marzo de 2011, como se puede leer en la última página-:

“El Ministerio de Defensa ha mantenido siempre un criterio favorable a una desclasificación progresiva de documentación que no genera riesgo para la seguridad del Estado”. Con esta palabras se sustentó el argumento del departamento de Carme Chacón para su intento de desclasificar 10.000 documentos de antes de 1968 que están depositados en los archivos de las Fuerzas Armadas. Os adjunto el documento:

Nótese la fecha del documento -10 de octubre de 2011-. El secretario de Estado de Defensa (Sedef) en aquel momento llevó esta nota de despacho a la reunión de subsecretarios de los miércoles en La Moncloa, en la que se decide el orden del día del Consejo de Ministros del viernes. La iniciativa de Chacón no salió adelante porque dentro del Ejecutivo socialista se estimó que tenía mucha enjundia como para aprobarlo un Gobierno en funciones. Y la documentación se entregó al equipo de Pedro Morenés en el traspaso de poderes, pero éste lo niega. ¿Por qué? Lo desconozco.

Antonio Rodríguez, periodista.
Redactor de calle, de noche y de día para desentrañar las noticias del Gobierno.

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El tímido afán de transparencia histórica se aguó en la actual legislatura. “El nuevo ministro entrante, Pedro Morenés, no necesitó mucho tiempo para decidir que, si el PSOE no había considerado oportuno desclasificarlos, no sería él quien decidiera hacerlo”, señala Francisco Espinosa, uno de los tres historiadores, junto a Mirta Núñez Díaz-Balart y Manuel Álvaro Núñez, que solicitaron a Defensa el acceso a toda la información en junio de 2012. No estaban solos, respaldaban su petición un centenar de historiadores y juristas, incluidos Paul Preston, Josep Fontana, Ángel Viñas, Carlos Jiménez Villarejo, Matilde Eiroa, Ricardo Robledo o Ana Martínez Rus.

El intercambio burocrático entre Defensa y los historiadores, asesorados por Eva Moraga, abogada experta en acceso a la documentación pública, concluyó finalmente a comienzos de este año con un acuerdo de la Secretaría General Técnica de Defensa, que inadmitía el recurso de alzada de los historiadores Espinosa, Núñez y Álvaro al considerar que se dirigía contra un escrito que no era objeto de impugnación. Con él se cierra, al menos de momento, la posibilidad de que los historiadores puedan acceder a toda esa documentación para sus proyectos de investigación sobre el siglo XX español. Solo cabría un recurso contencioso-administrativo, que no está claro que vaya a ser interpuesto de momento. “Tendremos que reunirnos y ver qué se puede hacer a partir de ahora porque es increíble que existan reparos para que podamos investigar en determinadas áreas”, señala Mirta Núñez, directora de la cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense. La negativa del actual equipo de Defensa a liberar del apartado de material secreto a esos 10.000 documentos se trasluce del texto en el que rechazaron el recurso de alzada.

Por un lado afirman que no existió tal informe a favor de la desclasificación de la etapa de Carme Chacón: “No existía ninguna exteriorización formalizada por parte de los sucesivos responsables del Ministerio de propuesta, informe o resolución encaminada a someter al Consejo de Ministros la desclasificación de documentos relativos al periodo indicado”. En síntesis: no existió ningún escrito, aunque este periódico se hizo eco en diciembre de 2011 de la decisión de Defensa.

Por otro lado, recuerdan que se trata de material clasificado “al que no afectaban los tiempos establecidos en la ley reguladora del Patrimonio Histórico Español” (50 años tras el acontecimiento). La Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968, tiene un efecto anómalo en comparación con otras democracias occidentales: el cerrojazo sobre un documento es para siempre salvo que se ordene desclasificar el documento por el Gobierno (o, según la ley, la Junta de Jefes de Estado Mayor, órgano que ya ni siquiera existe). Los historiadores contemporáneos tienen pues un limitado campo de actuación para desarrollar su trabajo, ya que sus búsquedas de información se detienen siempre ante el muro del secreto oficial. En la práctica, el acceso a la documentación reservada de los archivos militares depende a menudo de la arbitrariedad de sus responsables.

La abogada Eva Moraga considera que la ley debería establecer el tiempo máximo de la clasificación de un documento. “No puede ser que sea perenne y si el Gobierno de turno no decide desclasificarlo, nunca podrá salir a la luz”, señala. La segunda puntualización legal que debería introducirse, en su opinión, afectaría a los documentos con su condición de reservados en vigor. “Aún siendo clasificados deberían ser de acceso en caso de que exista un interés público mayor para difundirlos”, añade.

La posición de Defensa, con independencia del color del ministro de turno, suele ser “opaca”, según la abogada. “Consideran que las peticiones afectan al ministerio y, por lo tanto, a la seguridad nacional”, añade. O a las relaciones internacionales. Algo que en EE UU debe preocupar menos porque la desclasificación de documentos puede sacar a la luz información tan comprometida para su política internacional como fue la difusión del activo apoyo de Richard Nixon y Henry Kissinger para derrocar al chileno Salvador Allende en 1973.

TEREIXA CONSTENLA

EL PAÍS. (8-MAYO-2013).

Un centenar de investigadores pide la difusión de 10.000 documentos históricos clasificados.